En un principio, esto se puede achacar a los británicos, que cobraban a la gente por sus hijos ilegítimos para que la Corona no fuera responsable de su manutención en caso de que los padres no pudieran hacerlo. La ley de la “Fianza Bastarda” se introdujo en la colonia de Carolina del Norte en 1736 para garantizar que los niños que terminaban en el asilo de pobres no fueran responsabilidad financiera de Inglaterra.
La intención era hacer responsable al padre del niño si la madre no podía soportar la carga financiera. Por lo general, se emitía una orden judicial contra una madre soltera, obligándola a comparecer ante el tribunal. Se le ordenaba que nombrara al padre, que pagaría la fianza, normalmente entre 16 y 30 dólares al año, para compensar la carga del gobierno si el niño terminaba en el asilo de pobres. Si la madre no podía o no quería nombrar al padre, alguien de su familia acababa pagando la fianza. La fianza normalmente se detenía una vez que el niño cumplía siete años, momento en el que era puesto de aprendiz y las ganancias iban a parar al asilo de pobres.
Solo los hombres blancos eran acusados bajo esta ley, y es posible que te preguntes por las dos razones de ello.
El estado no tenía ningún interés en hacerse cargo de los niños negros.
Otra ley cubría a los niños negros, Partus Sequitur Ventrem, que garantizaba que los padres nunca fueran responsables de sus hijos ilegítimos, especialmente porque muchos eran producto de hombres blancos que violaban a mujeres esclavizadas.
Algunos negros terminaron en el asilo de pobres; casi todos eran discapacitados físicos o mentales y ancianos. En Estados Unidos, los bonos de bastardía se utilizaron principalmente en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Ohio, Maryland y Tennessee. La mayoría de las demás colonias, y más tarde los estados, apoyaron a los pobres a través de la iglesia; por ejemplo, la Iglesia Anglicana apoyó la versión de Virginia del asilo de pobres.
Carolina del Norte derogó la legislación que exigía los bonos de bastardía en 1933, y la mayoría de los demás estados ya habían puesto fin a la práctica. La mayoría de los niños blancos no tenían derecho legal a las propiedades de su padre; ninguno de los negros lo tenía.